Ante la actual situación, en la que desde todas las instancias se viene haciendo un llamamiento a la necesidad de poner fin al bloqueo al que está siendo sometido nuestro barrio, el Cabanyal-Canyamelar, la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (ACIPMAR) y la Asociación de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar, hemos llegado al acuerdo de redactar el presente documento, en el que se pone de relieve los puntos de partida sobre los que debería abrirse el diálogo entre los distintos agentes implicados en el conflicto que viene sufriendo nuestro barrio.
El ánimo que nos lleva a la redacción del presente documento, es que nadie que busque el beneficio del conjunto del barrio, y de sus vecinos y comerciantes, pueda poner reticencias importantes para la suscripción del mismo.
Nuestro deseo sería que todas las asociaciones y colectivos del Cabanyal-Canyamelar, así como todos los partidos políticos, administraciones e instituciones implicadas, se manifiesten públicamente sobre su contenido y muestren su disposición a abrir, en base a estas propuestas, un proceso de diálogo y negociación.
PROPUESTAS PARA CONSENSUAR UNA RÁPIDA PUESTA EN MARCHA DE LA REGENERACIÓN, REVITALIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CABANYAL-CANYAMELAR
1. LUCHAR CONTRA LA EXISTENCIA DE FOCOS DELICTIVOS EN EL BARRIO, fundamentalmente relacionados con el tráfico de drogas. Estos focos existen dentro y fuera de la zona de la prolongación y en algunos casos están ubicados en propiedades municipales. Es necesaria una coordinación del Ayuntamiento de Valencia y la Delegación del Gobierno. Estas acciones solo pueden tener éxito si se mantienen en el tiempo y no de forma esporádica como ha ocurrido en otros momentos.
2. PONER PUNTO FINAL A LA DEGRADACIÓN URBANÍSTICA Y SOCIAL que están sufriendo especialmente la zona afectada por la prolongación y su entorno más próximo. En esta zona es necesaria una urgente limpieza y cuidado de las calles, pues este es un derecho fundamental para mejorar la convivencia de los vecinos que allí residen. Hay que establecer un estricto control de las propiedades municipales que se encuentran deshabitadas u ocupadas ilegalmente, pues es en ellas donde se está produciendo la mayor degradación, que se extiende en sus proximidades. El Ayuntamiento y sus servicios sociales se deben hacer responsables, como se debe exigir a cualquier propietario, de lo que pasa en las múltiples propiedades que tiene en esta zona, debiendo tener especial insistencia en impedir la existencia de viviendas sobreocupadas ilegalmente, así como en la ocupación de viviendas o bajos que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad. Esa parte del Cabanyal no puede perder la dignidad a la espera de lo que acabe pasando con ella, sobre todo por respeto a los vecinos que viven en ella, o en sus inmediaciones. No se puede tolerar que esta imagen de degradación social y urbanística se convierta en una percepción de inseguridad, que no responde al conjunto de la realidad del nuestro barrio.
3. PONER EN MARCHA UN PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. Para eso se firmó el Convenio entre el Ayuntamiento de Valencia, la GV y el Ministerio de Vivienda en diciembre de 2007, cuando estaba vigente el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, habiendo sido ratificado con la Addenda a dicho Convenio en febrero de 2010, cuando ya había sido suspendido dicho plan por la Orden Ministerial. El Convenio continúa en vigor hasta diciembre de 2014 y contempla la rehabilitación de 800 viviendas y por tanto la Comisión Bilateral de Seguimiento debería reunirse para verificar el cumplimiento de sus previsiones.
4. PONER EN MARCHA UN PLAN PARA DINAMIZAR, REGENERAR Y POTENCIAR EL COMERCIO DEL BARRIO. Los comerciantes de nuestro barrio han venido trabajando en la elaboración de un plan que regenere el comercio tradicional del barrio y potencie la llegada de nuevos emprendedores. La puesta en marcha de esta iniciativa solo es posible con el apoyo de las administraciones implicadas.
5. PONER EN MARCHA TODAS LAS INICIATIVAS QUE HAN VENIDO ANUNCIANDO LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES, así como las Universidades, que sean compatibles con la legalidad actual que marca la Orden Ministerial, una vez agotadas todos los legítimos intentos de solicitar su paralización cautelar, que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Valencia. Tal como reconoce la reciente sentencia del Tribunal Supremo, en el punto quinto de sus Fundamentos de Derecho, “el interés general se residencia en la conservación del interés cultural, que exige la ejecución de la Orden impugnada” y ese interés general no solo se consigue evitando nuevas demoliciones en la zona afectada por la prolongación, sino con la supuesta buena voluntad de las distintas administraciones, que pasa por la adopción de todas aquellas acciones positivas que está en sus manos acometer en todo el barrio. Si de acuerdo con la voluntad política manifestada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, el objetivo es proceder a la regeneración, revitalización y rehabilitación del conjunto del barrio, al menos fuera de la zona afectada por la prolongación, sus planes de futuro no encuentran ningún obstáculo para llevarse adelante. Así lo ha dicho la interpretación que la Abogacía del Estado hace de la Orden del Ministerio de Cultura, ratificada por el Defensor del Pueblo. No hubo suspensión generalizada de licencias en todos los años que duró la tramitación del plan, no la hubo cuando fue admitido a trámite el recurso presentado en los tribunales por las organizaciones vecinales, que conscientes del perjuicio que se podía ocasionar, tan solo solicitaron la paralización de las demoliciones en todo el ámbito del mismo. ¿Por qué concluye el Ayuntamiento de Valencia que del acatamiento de la Orden Ministerial que le obliga a “llevar a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico artísticos que motivaron la calificación de éste como conjunto histórico”, se desprende la imperiosa necesidad de proceder a la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias?. Esa interpretación que hace el Ayuntamiento de la legalidad vigente, resulta lesiva para los intereses de los vecinos y comerciantes del conjunto del barrio y bloquea las posibles iniciativas tanto públicas como privadas.
6. BÚSQUEDA DEL MAYOR CONSENSO POSIBLE, para lo cual se hace necesaria la puesta en marcha de mesas de diálogo entre todos los agentes implicados. No entramos a valorar los posibles beneficios/perjuicios que el proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez pueda traer sobre el conjunto de este barrio, porque no es el momento de discutir sobre eso, cuando la última palabra la deben tener los tribunales, cuyas sentencias siempre hemos acatado, como no puede ser de otra manera. Tampoco hacemos esta solicitud ante el temor de próximas sentencias que vayan a quitar la razón a unos u a otros. Los vecinos, comerciantes y profesionales exigimos soluciones inmediatas al estatus actual, indistintamente de lo que pueda suceder en el futuro y eso pasa por buscar el mayor beneficio que está en manos de cada administración aportar a la presente situación. No se trata de dar pasos atrás, de exigirle al adversario que haga lo que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. La situación económica actual convierte en irresponsables actitudes que solo busquen la confrontación, sin aportar soluciones.
CABANYAL-CANYAMELAR, 22 DE JULIO DE 2011
