La plataforma expone sus reivindicaciones en las jornadas d'Ètica i Municipalisme de Guanyem València
Los 25 kilómetros de litoral de la ciudad de Valencia, y su entorno, han sido objeto de la política de fastos de la última década. La Ciudad de las Artes y las Ciencias del arquitecto Calatrava, la Copa América, el circuito urbano de Fórmula 1 o las ampliaciones del puerto, entre otros muchos ejemplos, han castigado severamente los poblados marítimos de Valencia. Vecinos y movimientos sociales, agrupados desde mediados de 2013 en la Plataforma Litoral per al Poble, denuncian las “injusticias” y “arbitrariedades” que en la fachada marítima promueven el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y la Autoridad Portuaria.
Pese a que el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, prometió que no costaría un euro al contribuyente, la factura de la fórmula 1 ya asciende a 300 millones de euros. Una manifestación ciudadana llegó el pasado 9 de marzo hasta la pasarela peatonal conocida como “Cuc de Llum” (dos millones de euros de coste) construida en 2008 con motivo del Gran Premio. En uso únicamente los días de competición, la pasarela permanece cerrada -actualmente además en situación de abandono y grave deterioro- durante el resto del año. Los vecinos pedían la recuperación para el uso ciudadano de esta infraestructura que conecta el barrio marítimo de Natzaret con el Grao y la ciudad. “Si uno pasea por el entorno ve un cementerio de vallas, hierros y maderas, es un auténtico desastre”, comenta Antonio Olaria, del 15-M Pobles de la Mar. En eso quedó la Fórmula 1. A pesar de que, según Vicente Martínez, de la Asociación de Vecinos Grao-Port, “sería relativamente sencilla la reparación y adecuar la zona para uso ciudadano; pero hay como un tabú en torno al circuito”. “La imagen es deprimente”, añade.
“Desenterrar las fantasías especulativas al servicio del 1%” e impulsar un “urbanismo al servicio de las personas” es el principio inspirador de la Plataforma El Litoral per al Poble, formada por las asociaciones de vecinos Amics de la Malva, Cabanyal-Canyamelar, Grao-Port, Natzaret y Vilanova del Grao, además de la plataforma Salvem el Cabanyal y las asambleas de Algirós y Pobles de la Mar del 15-M. Con la mira puesta en las elecciones municipales de mayo de 2015, la plataforma ha remitido una carta a los partidos políticos con sus principales planteos. Entre otros puntos les reiteran su “oposición frontal” a uno de los grandes proyectos que actualmente abandera la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá: el Plan Especial de la Dársena Interior.
La iniciativa tiene su lejano punto de partida en 2007, cuando se constituye el Consorcio encargado de organizar la Copa América y en el que toman parte el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y el gobierno central. El “gran evento” finalizó con una deuda de 320 millones de euros del consistorio con el ICO. Para afrontarla, el ayuntamiento diseñó el plan de la dársena que, según Litoral per al Poble, consiste en “expropiar para usos privados la zona tradicionalmente mejor conectada entre la ciudad y su frente litoral”. Están previstas zonas comerciales, de ocio, restauración, exposiciones y congresos, entre otras. Las asociaciones ciudadanas critican el oscurantismo respecto a la deuda y la situación económica del Consorcio, y han pedido una auditoría que delimite qué parte de la deuda de éste ha de asumir el ayuntamiento (ejecutivos autonómico y central también forman parte del Consorci Valencia 2007).
Frente al modelo privatizador y de obras faraónicas, que ha remitido con la crisis, el movimiento vecinal de Valencia lleva más de 40 años de lucha. El arquitecto Carles Dolç recuerda en las Jornades d´Ètica i Municipalisme de Guanyem València la batalla sostenida a principios de los 70 contra los últimos ayuntamientos del franquismo para que el cauce del Túria fuera un jardín (como lo es en la actualidad) y no un sistema de autopistas; o frenar la urbanización de la dehesa de el Saler, en el Parc Natural de L'Albufera, donde finalmente se construyó en torno a un 15% de lo previsto. Heredera de esas luchas, la Plataforma Pel Litoral propone actualmente, además de medidas específicas en las barriadas, un Plan Integral de Conexión de los Poblados Marítimos con el resto de la ciudad, que se complemente con la regeneración de las playas y medidas correctoras que frenen la erosión en las playas del Sur (desde el Saler hasta el Perellonet) por las ampliaciones del puerto.
Los vecinos de Natzaret podrían presentar un extensísimo memorial de agravios contra el puerto de Valencia, desde que la ampliación sur se comiera la playa en 1986. Hace 15 años, el plan urbanístico para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto arrasó 73 hectáreas de huerta fértil y 135 familias se vieron forzadas a abandonar tanto sus casas como su forma de vida, tras una lucha durísima por la tierra y las alquerías. La ZAL es hoy un erial, un proyecto “fantasma” que espera mejor hora. El portavoz de la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Juli Moltó, afirma que hoy se producen “nuevas agresiones” al barrio por parte de la autoridad portuaria. “Somos un mal menor en aras de su progreso”, subraya. Antes las amenazas, piden que el ferrocarril y la carretera de acceso al puerto no se acerquen al barrio; que se evite cualquier riesgo de inundación de Natzaret por el viejo cauce; la cesión de la franja verde de la antigua fábrica de aceites de Moyresa; y evitar el acceso al puerto por el camino de la Punta, lo que afectaría a dos colegios y al parque de Marazul.
La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar y la plataforma Salvem el Cabanyal llevan 15 años demandando la rehabilitación del barrio y la defensa del patrimonio, frente al proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez (una de las principales de la ciudad) hasta el mar. La iniciativa afecta a 1.600 viviendas y más de 600 edificaciones, a través de una avenida de 48 metros que parte en dos este tradicional barrio de pescadores de 21.000 habitantes, declarado Bien de Interés Cultural en 1993. La barriada contigua del Grao ha estado sometida en los últimos años a una fuerte presión urbanística, apunta Vicente Martínez, de la asociación vecinal. Además del Plan Especial de la Dársena, la principal preocupación es el PAI del Grao, que tiene su propia historia. Presentado a lo grande en el verano de 2008 con una maqueta que incluía un “delta” verde, canales navegables y rascacielos, en junio de 2014 se supo que la empresa promotora presentaba el concurso de acreedores. Martínez defiende el programa urbanístico “pero sin todas estas fantasías”, sino como elemento que contribuya a resolver los problemas del litoral. Otra de las reivindicaciones vecinales consiste en el soterramiento de las vías.
Los colectivos ciudadanos de las pedanías del sur (Pinedo, el Saler, el Palmar y Perellonet) demandan un transporte público de calidad y la reconversión de la autopista de el Saler en un bulevar, en sintonía con la defensa del Parc Natural de l’Albufera. Eva Guerola, de la Asociación de Vecinos de el Saler, apunta como uno de los problemas la regresión de las playas por las sucesivas ampliaciones del puerto de Valencia; no se ha cumplido en este apartado lo establecido en las Declaraciones de Impacto Ambiental, explica. Otro asunto es que l’Albufera se encuentra cada vez más degradada desde su declaración como parque natural hace casi treinta años. Además, en el Saler hay vecinos cuyas viviendas quedaron incluidas en el dominio público marítimo-terrestre a finales de 2007, lo que implica que sobre sus casas disponen de un mero derecho de uso pese a que las adquirieron en unas condiciones diferentes.
La Plataforma Litoral per al Poble suma, a las demandas concretas en los barrios, la “depuración de responsabilidades penales, económicas, civiles y políticas” por incompetencia y corrupción en el desarrollo urbano y de expansión del puerto. Juli Moltó señala que el problema del puerto es “muy grave; se ha cargado la playa de Natzaret así como todas las playas ubicadas al sur; el puerto crece por metástasis”. El análisis le lleva a pedir, incluso, un “pacto de buena vecindad” entre el puerto y la ciudad. Carles Dolç afirma que la autoridad portuaria ha actuado de manera autónoma respecto al poder político, y se muestra partidario de “cambiar su estatuto legal”. La plataforma pide explicaciones sobre el crecimiento exorbitante de la mole portuaria en los últimos 20 años, pero también sobre las dos ediciones de la Copa América y las cinco del gran premio de la fórmula 1.
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Para ello, la Plataforma ha escogido una serie de temas para la reflexión y de acciones para impulsar la conciencia y participación ciudadana. Entre las primeras está el análisis, con propuestas alternativas, de planes urbanísticos en todos los barrios del litoral y en el puerto, como la delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP) de la APV. Y, entre las acciones, están las alegaciones presentadas a la DEUP el 2 de enero y la manifestación programada para el domingo 9 de marzo.
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